El “poder médico” de Cuba en colapso: nuevo informe revela explotación sistemática
El “poder médico” de Cuba en colapso: nuevo informe revela explotación sistemática
El primer informe del Observatorio de Programas de Exportación Laboral Cubanos (OCLEP) documenta una doble crisis humanitaria: el colapso del sistema de salud en la isla y la trata de decenas de miles de médicos cubanos enviados al extranjero en condiciones que cumplen con la definición internacional de trabajo forzoso.
Basados en 31 informes de base y más de 70 testimonios individuales recopilados entre julio y agosto de 2025, los hallazgos describen un país donde los hospitales y clínicas permanecen vacíos mientras el gobierno afirma con orgullo que más de 22.000 médicos cubanos están actualmente activos en más de 50 países. Sin embargo, estimaciones independientes sugieren que la cifra real es considerablemente mayor, llegando potencialmente a entre 40.000 y 50.000 o más, dependiendo de cómo se contabilicen las misiones y el personal. Llegar a una cifra precisa sigue siendo difícil debido a la falta de transparencia de todas las partes involucradas, tanto del gobierno cubano como de los países anfitriones que contratan estas misiones.
Sistema de salud en ruinas
Dentro de Cuba, la atención sanitaria está colapsada:
Más de 12.000 médicos y 7.000 enfermeras abandonaron el sistema en 2023, ya sea emigrando o reasignados al exterior.
La salud pública recibe apenas 1,8–2% del presupuesto nacional, mientras que el turismo y el sector inmobiliario reciben 20 veces más inversión.
Más del 30% de los reportes describen a niños como víctimas: negación de cirugías, tumores sin tratar o dependencia total de donaciones.
Las ambulancias tardan días en llegar, provocando muertes evitables; muchas consultas son atendidas por estudiantes de medicina en lugar de médicos titulados.
Las familias deben aportar sus propias jeringas, antibióticos, anestesia e incluso sábanas; más de la mitad de los reportes mencionan dependencia del mercado negro o de donaciones.
Extrapolando a partir de las estadísticas oficiales y el éxodo de profesionales, expertos estiman que millones de cubanos—posiblemente más de la mitad de la población—carecen hoy de acceso confiable a la salud. Niños y ancianos son los más afectados, con testimonios de tumores cerebrales sin tratamiento, deformaciones óseas y malnutrición.
Médicos como mercancía de exportación
En el exterior, las brigadas médicas generan miles de millones de dólares anuales para La Habana, pero bajo condiciones coercitivas:
Los países anfitriones pagan entre 3.000 y 10.000 dólares por médico al mes, pero los profesionales reciben solo entre 3% y 30% de ese ingreso.
Los testimonios confirman al menos 9 de los 11 indicadores de trabajo forzoso de la OIT, incluyendo abuso de vulnerabilidad, engaño, restricción de movimiento, aislamiento, retención de documentos, retención de salarios, condiciones de trabajo y de vida abusivas, horas extras excesivas e intimidación/amenazas.
La definición de trata del Protocolo de Palermo aplica plenamente: los médicos son reclutados bajo engaño, trasladados al extranjero y explotados en condiciones de las que no pueden escapar.
En Venezuela, algunos fueron obligados a atender a grupos armados bajo amenaza; en México, los contratos hasta 2028 siguen siendo secretos, y las propias autoridades reconocen que no saben cuánto dinero llega realmente a los médicos.
En un caso documentado en Bahamas, el 92% del salario fue retenido.
Una crisis patrocinada por el Estado
El informe de OCLEP concluye que el régimen opera una “economía de trata laboral”, priorizando la entrada de divisas sobre la salud de sus ciudadanos. Las donaciones internacionales, ya sean de ONGs o de la diáspora, suelen desviarse hacia hospitales de élite para extranjeros, mientras la población común queda desamparada.
El costo humano es abrumador: si entre el 50 y 60% de los 11 millones de cubanos carecen de servicios médicos adecuados, entre 5 y 6 millones de personas sufren directamente las consecuencias del colapso sanitario.
Llamado a la rendición de cuentas
El informe exige acciones urgentes de la comunidad internacional, entre ellas:
Revisión independiente de los contratos médicos por parte de los países receptores.
Condicionar la ayuda extranjera a la transparencia y la no desviación de recursos.
Aplicar sanciones de EE. UU. y la UE contra los responsables de trata de personas.
Amplificar los testimonios de las víctimas cubanas en foros de la OIT, la ONU y el sistema interamericano.
“Cuba exporta a sus médicos como mercancía, mientras en casa los niños mueren esperando gasas y antibióticos”, resume uno de los testimonios. El Observatorio advierte que sin una acción decisiva, el modelo del régimen seguirá violando derechos fundamentales y alimentando una emergencia humanitaria en uno de los sistemas de salud más celebrados —pero hoy vacíos— del mundo
El turbio negocio de las batas blancas: cómo el régimen cubano convierte a los médicos en una fuente de ingresos para el Estado mientras su pueblo paga con su salud
OCLEP ha publicado su segundo informe mensual, que documenta cómo el régimen cubano utiliza a su personal médico como fuente de ingresos estatales bajo condiciones que cumplen con las definiciones internacionales de trabajo forzoso y trata de personas. Basado en diez investigaciones de campo independientes y 22 testimonios recogidos en septiembre de 2025, el informe revela un esquema sistemático en el que los médicos cubanos enviados al exterior son coaccionados, vigilados y privados del 75 al 95 % de sus salarios, mientras el sistema de salud dentro de la isla se hunde en una crisis humanitaria sin precedentes.
El estudio confirma que las llamadas “brigadas médicas” —presentadas oficialmente como misiones de solidaridad— funcionan en realidad como una industria estatal de exportación de mano de obra, que genera entre 4 800 y 6 000 millones de USD anuales, convirtiéndose en la principal fuente de divisas del régimen.
Principales hallazgos
Indicadores de trabajo forzoso documentados en el 100 % de los casos, incluyendo confiscación de pasaportes, retención de salarios, vigilancia constante, control ideológico, represalias familiares y amenazas de prisión por “deserción”.
Todos los informes cumplen con la definición del Protocolo de Palermo sobre trata con fines de explotación laboral, con la coerción institucionalizada por ley y aplicada por los servicios de seguridad del Estado.
Entre el 75 y el 97 % de los salarios son retenidos por intermediarios estatales como Servicios Médicos Cubanos S.A. y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM).
Más de 4 500 médicos han abandonado el sistema de salud nacional en los últimos tres años, dentro de un éxodo de más de 20 000 trabajadores sanitarios desde 2022.
En la isla, hospitales continúan cerrando, se suspenden cirugías por falta de anestesia y equipos, y las familias deben conseguir medicamentos básicos en el mercado negro o mediante remesas del exterior.
Una doble crisis estructural
El análisis de OCLEP expone una realidad dual:
La exportación forzosa de médicos sostiene las finanzas del régimen mientras la salud pública cubana se derrumba.
Niños, ancianos y pacientes crónicos carecen de antibióticos y atención básica. Paralelamente, los profesionales enviados al extranjero enfrentan toques de queda, censura y restricciones de movimiento, en violación de los Convenios 29 y 105 de la OIT, el Protocolo de Palermo y normas fundamentales de derechos humanos.
Llamado a la rendición de cuentas internacional
El informe exhorta a los gobiernos y organismos multilaterales —incluidos la OIT, la ONU, la OEA y la OPS— a exigir transparencia en los contratos laborales, prohibir la confiscación de salarios y crear mecanismos seguros para que los profesionales cubanos denuncien la coerción sin temor a represalias.
“Detrás de la imagen de servicio humanitario se esconde un sistema de coerción que convierte a los médicos cubanos en mercancía estatal, mientras deja a su pueblo sin atención.”
A medida que el Observatorio se prepara para lanzar su plataforma pública de evidencias en noviembre de 2025, OCLEP llama a los gobiernos democráticos, organizaciones laborales y redes de la diáspora a proteger a los denunciantes, monitorear los contratos con Cuba y defender la libertad y dignidad de los profesionales de la salud cubanos.
El Estado cubano de trabajo forzoso: coerción intersectorial y el papel central de las misiones médicas
El Observatorio de Programas de Exportación de Mano de Obra Cubana (OCLEP), dependiente del programa CFLCMM, financiado por el Departamento de Estado de EE. UU., publica su informe de noviembre de 2025, que documenta nueva evidencia de trabajo forzoso sistémico en el modelo global de exportación de mano de obra de Cuba. Basándose en 13 informes de campo e investigación recientemente analizados, así como en los testimonios de 26 profesionales de la salud cubanos exiliados consultados en Brasil, el informe revela un sistema estatal consolidado que explota al personal médico y a otros trabajadores cubanos en múltiples sectores y regiones.
Los hallazgos de OCLEP muestran que las brigadas médicas cubanas en el extranjero, a menudo promovidas como misiones humanitarias, son de hecho un componente central de un sistema altamente estructurado de trabajo coercitivo, diseñado para generar ingresos extranjeros mientras restringe la autonomía de los trabajadores.
La evidencia de noviembre confirma el uso generalizado de:
● Confiscación de pasaportes y retención de documentos de identidad
● Expropiación salarial forzosa, en la que el Estado se queda con entre el 70 y el 90% de los salarios pagados por los países de acogida
● Vigilancia, restricciones de movimiento, toques de queda y seguimiento ideológico
● Amenazas de represalias familiares, traslados en represalia y prohibiciones de ocho años para regresar a Cuba
● Falsificación obligatoria de estadísticas médicas para preservar contratos extranjeros
● Coerción sexual y vulnerabilidades basadas en el género denunciadas en entornos de misión
● Jornadas laborales extremas, condiciones inseguras y robo estructural de salarios
Nuevos informes de noviembre revelan que el modelo de trabajo coercitivo en Cuba va mucho más allá de las misiones médicas. Se documentaron patrones paralelos de engaño, vigilancia, retención de salarios y controles retaliativos entre:
● Brigadas de construcción
● Trabajadores marítimos y navieros
● Técnicos y trabajadores industriales
● Delegaciones culturales y artistas
● Cubanos desplegados en programas extranjeros a través de intermediarios estatales
Esta réplica intersectorial demuestra que el trabajo forzoso no es incidental, sino una política estatal fundamental, mantenida mediante mecanismos de control legal, financiero e ideológico.
Si bien estos casos quedan fuera del ámbito de recopilación de datos de campo directos del CFLCMM, análisis independientes muestran cláusulas contractuales coercitivas similares a las documentadas en América Latina, África y Oriente Medio. Su presencia indica graves deficiencias en la debida diligencia en los países receptores y una creciente internacionalización del sistema cubano de trabajo forzoso.
Por qué es importante el trabajo de OCLEP
Con más de 32.000 profesionales de la salud cubanos desplegados en 67 países los riesgos de trabajo forzoso siguen aumentando. Mientras OCLEP se prepara para lanzar su plataforma completa de evidencia digital a principios de 2026, el informe de hoy demuestra la necesidad de monitoreo independiente, documentación centrada en los sobrevivientes e informes públicos transparentes.
La evidencia de noviembre de 2025 muestra un patrón inconfundible:
La industria cubana de exportación de mano de obra es un sistema de tráfico controlado por el Estado, adaptable, rentable y en expansión, que requiere una respuesta internacional coordinada y una mayor protección para sus víctimas.
Acerca de OCLEP
El Observatorio de Programas de Exportación de Fuerza Laboral Cubana es una iniciativa independiente de recopilación y análisis de datos apoyada por la Programa CFLCMM documentar las prácticas de trabajo forzoso en las misiones de servicio internacional cubanas y proporcionar evidencia verificada a los responsables políticos, periodistas e instituciones de derechos humanos.